sábado, 27 de mayo de 2017

Decreto 092 del 23 de enero, pone freno a contratación directa mediante entidades sin ánimo de lucro


Decreto 092 del 23 de enero, pone freno a contratación directa mediante entidades sin ánimo de lucro

martes, 24 de enero de 2017

Tras instalar el lunes la Comisión Ciudadana de Lucha Contra la Corrupción, los poderes públicos (Ejecutivo, Congreso, Cortes y organismos de control) y líderes de la sociedad civil emitieron la declaración por un Estado Abierto y se tomaron varias medidas dirigidas a enfrentar el abuso con los recursos estatales.

En desarrollo de esta cruzada, el presidente Juan Manuel Santos tomó varias decisiones: emitió el Decreto 092 del 23 de enero, que pone freno a la contratación directa mediante organizaciones sin ánimo de lucro, que a su juicio es uno de los grandes boquetes de corrupción.

Santos dijo que muchas de esas instituciones (fundaciones y ONG) “son una herramienta predilecta de los corruptos para esquilmar al Estado”.

Aseguró, además, que con esta determinación, “frenamos en seco los abusos en la contratación directa con estas entidades sin ánimo de lucro, que han causado la pérdida y desviación de billones de pesos anuales que debían ir a la población, sobre todo a la más vulnerable”.

La contratación a dedo con ONG y entidades sin ánimo de lucro, una de las venas rotas por las que los corruptos se roban la plata del Estado con complicidad de funcionarios públicos, tendrá por fin controles eficientes.

Cada año, según informes de la Secretaría de Transparencia, en las regiones se están contratando al menos 1,2 billones con instituciones sin ánimo de lucro. El boom tiene que ver con que esta figura permite eludir los procesos de licitación pública, que en teoría deben ser la norma general de la contratación estatal.

Con el decreto expedido el lunes por el presidente Santos, esa modalidad de contratación (que está contemplada en el artículo 355 de la Constitución) se mantiene, pero tendrá controles.

También anunció la presentación de dos proyectos de ley anticorrupción: uno que modifica la rebaja de penas por allanamiento a cargos y elimina el beneficio de casa por cárcel para los corruptos.

Santos dijo que esta figura no le está dejando a la sociedad ningún beneficio. “No está descongestionando el sistema de administración de justicia y no está sirviendo para disuadir a los corruptos”, aseguró.

Según el Observatorio Anticorrupción de la Presidencia, el 50 por ciento de los condenados por delitos de corrupción no pagan un solo día de cárcel, y el 25 por ciento reciben el beneficio de casa por cárcel.

“Así queda difícil combatir con eficacia la corrupción”, sostuvo.

El otro proyecto de ley establece el “registro de beneficiarios reales de las empresas”, para establecer los destinatarios reales de los recursos de contratación.

Lo que se busca con este segundo proyecto de ley, explicó el Presidente, “es obligar a toda empresa que opere en Colombia a dar información sobre las personas que realmente tienen un control significativo de la empresa, es decir, sus beneficiarios reales”.

Otro anuncio fue la sanción de la Ley 1828 del 23 de enero del 2017, aprobada por el Congreso en diciembre pasado, que establece el Código de Ética del Congreso.

“Esta era una deuda histórica del Congreso con el país desde hace 25 años”, dijo el jefe de Estado.

Los congresistas tendrán ahora reglas de juego claras de comportamiento y procedimientos disciplinarios internos.

Texto tomado de la noticia de http://www.eltiempo.com

DESCARGUE EL DECRETO 092/17 AQUÍ




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