Con este ejercicio académico, la Mesa busca que las nuevas administraciones puedan articular a sus políticas públicas las recomendaciones señaladas y así contribuir a mejorar los indicadores de inclusión financiera en el país. Las personas interesadas pueden consultar el documento en el siguiente enlace: https://www.fundacionwwbcolombia.org/wp-content/uploads/2024/02/Recomendaciones-de-inclusion-financiera-para-los-gobiernos-locales-fwwb.pdf
La inclusión financiera promueve el desarrollo económico y mejora la calidad de vida, ya que integra el acceso y uso democratizado de servicios financieros como créditos, ahorros, pagos y seguros de parte de instituciones formales; facilitando que las personas y sus empresas realicen transacciones de forma segura, ahorren para cumplir sus metas, inviertan y cuenten con mecanismos de aseguramiento.
Aunque en los últimos años en Colombia se ha incrementado el número de personas con acceso a cuentas de ahorro y créditos, existen aún grandes brechas en términos de acceso y uso por razones de género y en poblaciones rurales y migrantes. En zonas rurales, solo el 55,6% de la población tiene cuenta de ahorro y el 8% tarjetas de crédito, mientras que en otros lugares del país estas cifras ascienden hasta el 79 y el 22 por ciento, respectivamente. De igual manera, el acceso a este tipo de productos se reduce cuando se hablan de mujeres, con brechas de hasta 6,7 puntos porcentuales en relación con los hombres.
Entendiendo este panorama, la Mesa Interinstitucional de Inclusión Financiera, consolidada desde febrero de 2022 por 16 representantes de distintos sectores (público, privado, academia y tercer sector), presentó un documento de recomendaciones y acciones para lograr una mayor inclusión financiera en tres de las principales capitales del país, Cali, Medellín y Bogotá. Este documento, además, vincula algunos ejes transversales que son fundamentales para promover la inclusión financiera, como el emprendimiento, el género, la migración y la ruralidad, demostrando la necesidad de ampliar la conversación a diversas entidades y personas, pero destacando la importancia del rol que tienen los gobiernos locales para garantizar la inclusión financiera.
Daniela Konietzko, presidenta de la Fundación WWB Colombia, una de las organizaciones de la Mesa, señala que: “La inclusión financiera es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de nuestras regiones y de nuestro país. Debemos trabajar en conjunto, integrando cada vez a más actores que quieran aportar a la construcción de un futuro equitativo y próspero, para no dejar a nadie atrás y crear cada vez mejores oportunidades para todos y todas”.
Entre las recomendaciones clave que aborda el documento se encuentra:
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- La incorporación de la inclusión financiera como un componente con resultados e indicadores propios, que debe ser transversal a las diferentes dependencias municipales y/o distritales, sensibilizando a todos los funcionarios/as; la generación y articulación de la información y datos que permitan tomar decisiones más acertadas, entendiendo los contextos locales.
- La importancia no solo del acceso, sino del uso adecuado de los productos de crédito, ahorro y servicios financieros, a través de distintos medios, incluyendo los digitales.
- La generación de estrategias de encadenamientos productivos ligadas a mayores niveles de inclusión productiva y el desarrollo de iniciativas para apoyar a los micronegocios a alcanzar mayores niveles de formalidad y con ello aportar a la inclusión financiera.
- Y, por supuesto, la generación de políticas específicas para diversas poblaciones, como las personas migrantes, las mujeres y las comunidades sexualmente diversas, así como para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Con este ejercicio académico, en el que participaron la Fundación WWB Colombia, Fundación Capital, IC Fundación, Fondo Nacional de Garantías, Cooperativa Financiera de Antioquia (CFA), Banca de la Oportunidad, Interactuar, Banco W, Universidad Icesi, Sparkassenstiftung, Universidad del Rosario y Asomicrofinanzas, se busca que las nuevas administraciones puedan articular a sus políticas públicas las recomendaciones señaladas y así contribuir a mejorar los indicadores de inclusión financiera en el país.