Durante el último año, después de superar de alguna manera las fases más duras del confinamiento, tanto las grandes empresas como los pequeños negocios se encontraban en una etapa de reactivación en la que paulatinamente intentaban recuperar, por lo menos, los niveles de ingreso de antes de las restricciones. Podría decirse que el país en general intentaba recomponerse y contener de alguna manera los efectos que la crisis social y económica dejó en términos del aumento de la pobreza, en lo que, según diferentes estimaciones, el país perdió lo avanzado en los últimos 10 años[1]; con las respectivas afectaciones a la población.
Sin embargo, como una lamentable premonición, todo es susceptible de empeorar y con los entendibles reclamos de la población en cuanto a la necesidad de respuestas ante la crisis social y económica del país, sobrevinieron las protestas en el marco del paro nacional del 28 de abril. Cali y en general el Valle del Cauca fueron epicentro de estos movimientos y ante todo del injustificable deterioro de las acciones hasta desembocar en medidas de tipo violento que afectaron de forma marcada la actividad cotidiana y acabaron con los pocos avances que se venían logrando.
En todo este convulsionado contexto se generó una especie de círculo vicioso, en el que para superar y contener la crisis que da pie a gran parte de las reclamaciones, se hacía necesario el funcionamiento del entorno productivo de todos los tamaños, el cual en medio de la situación de caos generada tiene que detenerse ante las restricciones a la movilidad, el aumento de los costos, la escasez de materia prima y la imposibilidad de contar con la fuerza productiva, entre otros, lo cual impacta de forma negativa en el empleo y los ingresos de un sin número de familias que sienten limitadas sus oportunidades para avanzar e incluso mantenerse por fuera de las trampas de la pobreza. Asimismo, para que la productividad avanzara se hacía necesario que la sociedad se sintiera incluida, escuchada y atendida en sus necesidades más apremiantes.
El punto de encuentro emerge entonces, de la necesaria construcción de un escenario alrededor de los propósitos colectivos de bienestar social y económico para el país, y específicamente para el Valle del Cauca. Es precisamente en medio de este panorama que después de un proceso de escucha activa, los ciudadanos, las ciudadanas, las empresas de todos los tamaños y las fundaciones se unieron a través de Compromiso Valle.
Esta iniciativa cuenta con una inversión inicial que supera los COP $28 mil millones para beneficiar de forma directa a por lo menos 30.000 personas y busca aportar a la solución de los grandes retos sociales del Valle del Cauca, trabajando en seis líneas de acción: seguridad alimentaria, transformación de proyectos de vida, empleabilidad, liderazgo, emprendimiento y educación. En su desarrollo, Compromiso Valle, privilegia el diálogo y la unión entre diferentes actores clave de nuestra región, como el camino para generar procesos que impacten positivamente el bienestar de los habitantes del Valle del Cauca. Hoy, más que nunca, cobra importancia el rol que juegan las fundaciones en este proceso, dado que conocen profundamente los territorios al llevar más de 50 años trabajando con diferentes grupos poblacionales de nuestro departamento y, por ende, son fundamentales para implementar los planes de acción de esta acertada iniciativa aportando, cada una, lo que mejor sabe hacer.
El propósito de Compromiso Valle es promover el trabajo conjunto, en el que todos – ciudadanos, empresas e instituciones- aportamos a la recuperación del territorio y en el que todos ganamos con cada paso que damos en el camino de la recuperación, la reactivación, la reconciliación y la generación de oportunidades. Creemos firmemente que aún estamos a tiempo.
[1] https://www.portafolio.co/economia/colombia-retrocedio-diez-anos-en-sus-avances-sociales-549773