La microempresa es uno de los motores más importantes de la economía colombiana. Representa el 95,1 % del tejido empresarial del país, aporta buena parte del empleo nacional y sostiene la vida económica de miles de barrios, municipios y territorios. Sin embargo, detrás de esa fuerza productiva también existen grandes desafíos: altos niveles de informalidad, bajo acceso a crédito formal, dificultades para permanecer en el tiempo y cargas normativas que muchas veces no responden a la realidad de los pequeños negocios.
Frente a este panorama, Interactuar hizo un llamado al nuevo Congreso de la República para ubicar a la microempresa en el centro de la agenda pública y avanzar en la construcción de marcos regulatorios diferenciados, que faciliten su formalización, fortalezcan su crecimiento y reconozcan sus capacidades reales. La invitación es a pasar de proyectos aislados a una visión transversal que entienda que proteger y potenciar la microempresa es también proteger el empleo, la productividad y el desarrollo territorial.
Las cifras evidencian la urgencia de esta conversación. Aunque la microempresa concentra más de 1,7 millones de unidades productivas activas en Colombia, solo el 32 % logra sobrevivir después de cinco años y apenas el 14,8 % cuenta con créditos formales vigentes. Además, el 84,5 % del empleo que genera este segmento es informal, una realidad que confirma la necesidad de diseñar incentivos efectivos para que formalizarse no sea una carga, sino una puerta de entrada a nuevas oportunidades, mercados y estabilidad económica.
Detrás de estos datos hay historias como la de Juan David Rendón, fundador de Club Paintball Medellín, quien durante 15 años ha trabajado para convertir la aventura y la adrenalina en una empresa que genera empleos directos e indirectos en el Valle de Aburrá. Su experiencia refleja uno de los grandes retos de quienes quieren crecer dentro de la legalidad: asumir trámites, requisitos y obligaciones que muchas veces se parecen a las de empresas con mayor capacidad financiera. Por eso, su llamado es a que el Estado sea un aliado que estimule el emprendimiento con reglas claras, incentivos y menos barreras para avanzar.
También está la historia de Karol Valderrama, líder de DDM Studio, un emprendimiento de arquitectura nacido en Itagüí que hoy dinamiza proyectos en diferentes ciudades y regiones del país, generando encadenamientos productivos con carpinteros, electricistas, maestros de obra, arquitectos y contadores. Como ella misma lo plantea, los empresarios no piden que les regalen nada ni que se eliminen sus responsabilidades; piden una relación justa y equilibrada, con programas de formación, acompañamiento y condiciones que les permitan consolidarse dentro de la formalidad.
Para Lina Montoya Madrigal, directora ejecutiva de Interactuar, el reto no está en crear más leyes, sino en crear las leyes correctas: normas que entiendan que un micronegocio no tiene la misma capacidad de respuesta que una gran empresa y que, por eso, necesita reglas diferenciadas. Desde esta mirada, Interactuar invita al nuevo Congreso, al sector privado, a la institucionalidad y al gremio empresarial a construir una hoja de ruta legislativa que ponga a la microempresa en el centro de la economía, para que más empresarios puedan crecer, formalizarse y seguir transformando sus territorios.
